Centenares de estudiantes, profesores, servidores públicos, padres de familia, de la Federación Nacional de Empleados de las Unidades Educativas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que agrupa a más de 4 000 afiliados, ante el anuncio del Ministerio de Educación en el sentido que los colegios militares pasarán a ser fiscales, a partir del próximo año lectivo, se dirigieron a la Asamblea Nacional para presentar su apoyo público y abierto al proyecto de Ley Orgánica de Educación General e Intercultural.
Los delegados fueron recibidos por varios miembros de la Comisión Ocasional de Educación y de otras instancias parlamentarias, entre ellos, Gastón Gagliardo, Mao Moreno, Xavier Tomalá, Carlos Samaniego, Armando Aguilar, Aminta Buenaño, Gioconda Saltos y Juan Fernández.
Mao Moreno, de la Comisión Ocasional de Educación, expresó que la movilización y organización de los maestros, de los diferentes sectores ciudadanos legitima el trabajo de la Asamblea Nacional y su presencia permiten el diálogo interactivo con las comisiones que vienen debatiendo y analizando los problemas que vive el país desde hace muchos años, al recalcar que las leyes deben ser discutidas con sus actores y que la Asamblea está cumpliendo su papel de socializar y debatir con los colegios y escuelas militares, que ha permitido recoger sus aspiraciones. Para ello se ha interactuado con las leyes de Educación Superior, Educación General y de Servicio Público.
Entre tanto, el asambleísta Gastón Gagliardo precisó que han sido muchas las arbitrariedades que han sufrido los maestros y personal administrativo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, por parte de sus autoridades, pues cuando les convenía se los trataba como civiles y cuando no, eran militares, al manifestar que muchas de las observaciones que se han planteado fueron recogidas, sobre todo aquellas tendentes a garantizarles estabilidad y el respeto a los derechos adquiridos.
Añadió que la Ley es perfectible y se está a la espera de una consulta prelegislativa, por cuanto involucra derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Una vez que se cumpla este proceso, se elaborará el capítulo relacionado con lo intercultural y entrará en segundo debate.
De su lado, Armando Aguilar subrayó que es necesario estar predispuestos a sujetarnos a un nuevo modelo de gestión, a participar de los procesos de evaluación, de formación académica para elevar el nivel y la calidad de la educación, en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato.
“Solo unidos se pueden conseguir las conquistas trazadas”, dijo Carlos Samaniego, al informar que dentro de la Ley de Servicio Público se ha buscado que exista la homologación salarial para que todos tengan el mismo derecho a una remuneración digna.
El presidente de la Federación de la Unidades Educativas, Patricio Analuisa, aseveró que el proyecto de Ley de Educación General mejora significativamente el salario del maestro ecuatoriano; revaloriza la profesión del docente; permite acceder a una jubilación más justa y digna; y, sobre todo, garantiza la estabilidad de la actual planta docente.
Aplaudió la decisión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de incluir en la Ley de Servicio Público a los empleados del área administrativa y de servicios de las unidades educativas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Felicitaron la decisión gubernamental de regularizar la situación jurídica de los colegios militares, liceos navales, aeronáuticos y policiales, ya que todos ellos, desde su creación, fueron públicos y funcionan dentro de recintos militares donde laboran voluntarios y oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en servicio activo.
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